Proceso legal mediante el cual una persona adquiere la propiedad de un inmueble tras haberlo poseído de manera continua, pacífica y pública durante un período prolongado. Existen dos modalidades: la ordinaria, que requiere buena fe y un título legítimo, y la extraordinaria, que no exige estos requisitos, permitiendo la adquisición de la propiedad incluso sin título o buena fe, después de un tiempo determinado por la ley.

Este trámite busca la compensación económica por los perjuicios sufridos como consecuencia de un daño o un incumplimiento. El daño emergente se refiere a los daños directos e inmediatos sufridos, mientras que el lucro cesante se refiere a las ganancias que se dejaron de percibir por la imposibilidad de seguir con una actividad económica o personal. A través de este proceso, se reclama una indemnización por ambos conceptos, con el fin de restaurar el daño sufrido.

Este proceso se presenta cuando un arrendatario no devuelve el inmueble alquilado una vez finalizado el contrato o incumple las condiciones pactadas, como el no pago de la renta. El arrendador puede iniciar el trámite judicial para exigir la restitución de la propiedad, que incluye la recuperación del inmueble y, en su caso, la indemnización por daños o rentas adeudadas.

Proceso legal que regula la transferencia de propiedad de una vivienda usada, asegurando que se cumplan todas las formalidades necesarias para que la transacción sea válida y segura para ambas partes.

Este trámite se lleva a cabo cuando una de las partes de un contrato no cumple con las obligaciones pactadas. El afectado puede exigir el cumplimiento forzoso del contrato o la resolución del mismo, además de solicitar una indemnización por los daños causados por el incumplimiento. Este proceso busca garantizar que ambas partes cumplan con lo acordado, o, en su defecto, que la parte incumplidora sea sancionada de acuerdo con la ley.

El proceso divisor se utiliza para dividir una propiedad común entre varios copropietarios, como en casos de herencia o comunidad de bienes. Este trámite establece cómo se repartirán los bienes entre los copropietarios, buscando una distribución justa y conforme a los derechos de cada parte. En caso de desacuerdo, el proceso se judicializa para que un juez determine la manera más adecuada de dividir los bienes.